Charo Quintana (en el Diario Montañes)
Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Cantabria
La incertidumbre sobre dónde vivir dentro de unos meses se convierte en insomnio, cefaleas, molestias digestivas, ansiedad o depresión
Hablar de vivienda es hablar de salud. No de forma metafórica, sino como una realidad que la salud pública conoce bien: las condiciones en las ... que nacemos, crecemos, vivimos y envejecemos determinan nuestras oportunidades de enfermar o de mantener una vida saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la vivienda un importante determinante de la salud y advierte de que una vivienda inadecuada puede favorecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares, problemas de salud mental, lesiones y enfermedades infecciosas. Por eso, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria queremos decirlo con claridad: disponer de una vivienda digna es una necesidad sanitaria de primer orden.
Lamentablemente, atravesamos una emergencia habitacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en 2025 el 44,3% de las personas de 26 a 34 años seguía viviendo con sus padres. Casi la mitad porque no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda. Por su parte, el Consejo de la Juventud sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5%.
Pero la crisis no termina en la juventud. Cuando el precio obliga, se comparte piso. Se alquilan habitaciones donde puede acabar viviendo una familia entera. Niños que necesitan espacio para gatear, jugar, estudiar, descansar o hacer ruido y adolescentes que precisan de un espacio propio, tienen que adaptarse a viviendas que no fueron pensadas para varias familias. La precariedad habitacional también significa vivir pendientes de una renovación de contrato, de una subida de alquiler que no se sabe si podrá pagarse o de una amenaza de desahucio.
Los datos judiciales recuerdan la dimensión del problema: solo en el primer trimestre de 2025 se practicaron 7.334 lanzamientos en España, y casi el 77% procedió de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Detrás de cada cifra hay personas. Hay madres y padres que hacen cuentas, personas mayores que temen quedarse en la calle, y niños y niñas que pueden verse obligados a cambiar de colegio y de amigos porque su familia ya no puede pagar el alquiler en su barrio.
Ese miedo sostenido enferma. La incertidumbre sobre dónde vivir dentro de unos meses se convierte en insomnio, cefaleas, molestias digestivas, ansiedad, nerviosismo o depresión. En las situaciones más extremas, el sufrimiento puede empujar al suicidio. El propio Ministerio de Sanidad reconoce que la dificultad para acceder a una vivienda digna forma parte de los determinantes sociales relacionados con el malestar psicológico.
Y también se resiente nuestro sistema sanitario público. Una mudanza forzada al terminar un alquiler o tras un desahucio supone cambiar de Centro de Salud y romper los vínculos construidos durante años con sus profesionales, dificultando la deseable atención longitudinal. La continuidad asistencial no es un lujo: es calidad sanitaria.
Una vivienda saludable debe ser, además, habitable. Debe proteger del frío y del calor extremos, de las humedades, evitar el hacinamiento y permitir que las personas con movilidad limitada puedan entrar y salir de su casa. No podemos aceptar que alguien permanezca encerrado porque vive en un edificio sin ascensor, ni que una familia tenga que elegir entre pagar la calefacción y comprar alimentos o medicinas. La OMS advierte de que el frío y el calor extremos en viviendas inadecuadas tienen consecuencias graves para la salud y que mejorar el aislamiento y las condiciones de las casas puede prevenir enfermedad y salvar vidas.
Por todo ello, esta Plataforma considera la vivienda un bien de primera necesidad y un requisito imprescindible para una vida saludable. Resolver el problema habitacional supondría una contribución a la salud pública difícil de calcular: mucha menos enfermedad, menos sufrimiento y más bienestar.
Pedimos que se garantice lo que es un derecho constitucional mediante políticas públicas a la altura de una necesidad básica. Pedimos vivienda asequible, accesible y digna. Pedimos que nadie enferme por no disponer de una casa. Y llamamos a la ciudadanía a movilizarse porque la vivienda digna no es solo un derecho social, es una condición para poder ejercer el derecho a la salud. Y a quienes tienen responsabilidades políticas les pedimos que dejen de aplazar la respuesta y pongan manos a la obra. La salud de la mayoría social también se decide en nuestras casas.
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