Guillem López-casanovas/La Vanguardia
Profesor de Hacienda Pública de la UPF
El análisis económico del sector turístico se ha hecho, tradicionalmente, desde la óptica de la producción y ha venido marcado por la llamada “debilidad de Baumol” y la conocida como “enfermedad holandesa”; y por la búsqueda de antídotos. La primera tiene que ver con la aplicación de la teoría de William Baumol: toda actividad intensiva en mano de obra ocupada en servicios de poco valor añadido tendrá dificultades a la hora de incrementar su productividad, sustituyendo trabajo por capital, sin deteriorar la calidad del servicio. Así, sin el cojín del aumento de productividad, todo el incremento de costes salariales se trasladará a precios. La competitividad, sin una diferenciación de productos que permita discriminar precios, condenará al sector productivo a una erosión de los salarios en términos reales.
La “enfermedad holandesa” tiene que ver con los efectos que, sobre la economía, se generan con el fuerte empuje que coge un sector emergente (el cobre en Chile, los tulipanes en Holanda –de ahí el nombre–), que impone un elevado coste de oportunidad para el resto de las actividades productivas, monopolizando la orientación de la economía. En turismo, este empieza por una masiva parcelación del suelo, una financiación fácil y con poco riesgo, una demanda canalizada por operadores y liquidez casi inmediata que acaban fagocitando el resto de las actividades.
Sin embargo, más allá de estos rasgos teóricos, deberíamos saber ver que el problema social que hoy genera la reacción antiturismo es el de la distribución de las ganancias y beneficios que genera, más que un problema tecnológico de producción. El turismo, como bien de experiencia y reputacional, no tiene un valor productivo en sí mismo, sino en función del entorno en que se sitúa; no es el resultado mecánico de una técnica con valor independiente de donde se utilice, sino que influye el espacio natural en que se inserta. La distribución de los excedentes empresariales no reconoce estos valores, a diferencia de la perspectiva ciudadana, que sí considera aquel entorno, y lo ve como propio.
Por eso la ciudadanía se rebela cuando ve la erosión del patrimonio colectivo, del bienestar social, a la vez que observa cómo muchos inversores se apropian en exclusiva de las plusvalías que estos bienes comunes generan. Y a los ciudadanos solo les queda el valor de la productividad marginal del trabajo que encuentran asociado a la ocupación turística. Sufren unos precios hinchados por la demanda externa que año tras año reducen la capacidad adquisitiva de su renta real; una presión salarial a la baja con la entrada imparable de recién llegados.
También la administración central disfruta de los ingresos que continuadamente salvan el déficit exterior de la economía española, sin tener que asumir los costes sociales ni medioambientales que el turismo provoca sobre el territorio. Estos son centrifugados hacia la administración territorial, que no ve en la financiación autonómica reconocida ninguna compensación. Esta es, a mi entender, la causa de la desafección de muchos ciudadanos en cómo se ha entendido el turismo en nuestro país, atendiendo a quién se está lucrando y a cómo los poderes públicos parecen ajenos.
Profesor de Hacienda Pública de la UPF
El análisis económico del sector turístico se ha hecho, tradicionalmente, desde la óptica de la producción y ha venido marcado por la llamada “debilidad de Baumol” y la conocida como “enfermedad holandesa”; y por la búsqueda de antídotos. La primera tiene que ver con la aplicación de la teoría de William Baumol: toda actividad intensiva en mano de obra ocupada en servicios de poco valor añadido tendrá dificultades a la hora de incrementar su productividad, sustituyendo trabajo por capital, sin deteriorar la calidad del servicio. Así, sin el cojín del aumento de productividad, todo el incremento de costes salariales se trasladará a precios. La competitividad, sin una diferenciación de productos que permita discriminar precios, condenará al sector productivo a una erosión de los salarios en términos reales.
La “enfermedad holandesa” tiene que ver con los efectos que, sobre la economía, se generan con el fuerte empuje que coge un sector emergente (el cobre en Chile, los tulipanes en Holanda –de ahí el nombre–), que impone un elevado coste de oportunidad para el resto de las actividades productivas, monopolizando la orientación de la economía. En turismo, este empieza por una masiva parcelación del suelo, una financiación fácil y con poco riesgo, una demanda canalizada por operadores y liquidez casi inmediata que acaban fagocitando el resto de las actividades.
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| Turistas en Ibiza Germán Lama / Europa Press |
Sin embargo, más allá de estos rasgos teóricos, deberíamos saber ver que el problema social que hoy genera la reacción antiturismo es el de la distribución de las ganancias y beneficios que genera, más que un problema tecnológico de producción. El turismo, como bien de experiencia y reputacional, no tiene un valor productivo en sí mismo, sino en función del entorno en que se sitúa; no es el resultado mecánico de una técnica con valor independiente de donde se utilice, sino que influye el espacio natural en que se inserta. La distribución de los excedentes empresariales no reconoce estos valores, a diferencia de la perspectiva ciudadana, que sí considera aquel entorno, y lo ve como propio.
Por eso la ciudadanía se rebela cuando ve la erosión del patrimonio colectivo, del bienestar social, a la vez que observa cómo muchos inversores se apropian en exclusiva de las plusvalías que estos bienes comunes generan. Y a los ciudadanos solo les queda el valor de la productividad marginal del trabajo que encuentran asociado a la ocupación turística. Sufren unos precios hinchados por la demanda externa que año tras año reducen la capacidad adquisitiva de su renta real; una presión salarial a la baja con la entrada imparable de recién llegados.
También la administración central disfruta de los ingresos que continuadamente salvan el déficit exterior de la economía española, sin tener que asumir los costes sociales ni medioambientales que el turismo provoca sobre el territorio. Estos son centrifugados hacia la administración territorial, que no ve en la financiación autonómica reconocida ninguna compensación. Esta es, a mi entender, la causa de la desafección de muchos ciudadanos en cómo se ha entendido el turismo en nuestro país, atendiendo a quién se está lucrando y a cómo los poderes públicos parecen ajenos.
