Ehsan Ulla Khan
Cargados sobre espaldas humanas: La explotación colonial, la carga de la esclavitud sobre las mujeres, los niños y los hombres, y su herida persistente en el sistema económico global moderno.
Este informe de investigación, elaborado por Ehsan Ullah Khan, examina la continuidad histórica del trabajo forzado desde las estructuras medievales de servicio obligatorio hasta la servidumbre contemporánea por deudas. Su tesis central es que la esclavitud no constituye una institución extinguida, sino una patología social recurrente que reaparece bajo nuevas formas siempre que convergen la pobreza extrema, la debilidad del Estado de derecho, las jerarquías de casta o raza, la desigualdad de género y la impunidad de las élites económicas y políticas. La historia del trabajo coercitivo demuestra que el ser humano ha sido convertido repetidamente en camino, herramienta, garantía financiera y fuerza de trabajo al servicio de imperios, terratenientes, empresas y empleadores.
Antes de la modernización de los transportes, los imperios descubrieron que el medio más barato de mover funcionarios, armas, alimentos, suministros y mercancías era el cuerpo humano. En la India británica, este sistema recibió el nombre de begar; en el África portuguesa, chibalo; en las colonias francesas, prestations y corvée; y en el Estado Libre del Congo, un régimen de terror basado en cuotas de caucho, toma de rehenes, mutilaciones y muertes masivas. Aunque estas formas de explotación recibieron nombres distintos, compartían un principio común: las personas colonizadas, pobres y racializadas eran tratadas como infraestructura viviente del poder imperial.
En el sur de Asia, el servicio obligatorio existía antes del colonialismo europeo en reinos medievales, aldeas dominadas por terratenientes y cacicazgos montañosos. Sin embargo, el dominio británico transformó esas obligaciones dispersas en una máquina burocrática coercitiva. En regiones como Kumaon y Garhwal, las aldeas fueron obligadas a suministrar cargadores para funcionarios, soldados, guardas forestales y viajeros. Los hombres eran inscritos en registros y forzados a transportar equipaje, tiendas, alimentos, armas y documentos oficiales a través de caminos montañosos, bosques y zonas de enfermedad. Recibían poco o ningún pago, perdían jornadas agrícolas esenciales y enfrentaban castigos físicos, multas o encarcelamiento si se resistían.
La carga recaía de manera desproporcionada sobre campesinos, comunidades de castas inferiores, habitantes de los bosques y pueblos adivasi, pues eran quienes poseían menor capacidad de resistencia. Los relatos históricos describen cargadores que se desplomaban por agotamiento, sufrían úlceras, fiebres y hernias, y eran golpeados, abandonados o reemplazados cuando ya no podían continuar. El Estado colonial denominaba “deber” a esta explotación; quienes la sufrían la reconocían como esclavitud.
La resistencia, no obstante, también formó parte de esta historia. En enero de 1921, durante la feria de Uttarayani en Bageshwar, miles de habitantes de Kumaon se reunieron junto al río Saryu y juraron rechazar el coolie begar, el coolie utar y el coolie burdayash. Los cabeza de aldea arrojaron los registros laborales al río, destruyendo simbólicamente los documentos que habían convertido a seres humanos en propiedad del Estado colonial. Este movimiento, liderado por figuras como Badri Datt Pandey y Hargovind Pandey, demostró que el trabajo forzado persistía no porque las comunidades lo aceptaran, sino porque el Estado poseía la fuerza para imponerlo. Cuando la resistencia se volvió colectiva, el sistema comenzó a derrumbarse y la administración colonial terminó por abolir el begar en Kumaon.
El informe también analiza el Imperio portugués, donde la abolición formal de la esclavitud no produjo libertad real. Portugal mantuvo en Angola, Mozambique, Santo Tomé y Guinea un sistema de trabajo coercitivo llamado chibalo. Hombres, mujeres y niños africanos fueron obligados a trabajar en plantaciones, cultivos de algodón, construcción de caminos y obras públicas. En Mozambique, el cultivo obligatorio de algodón desplazó la producción de alimentos, provocando hambre y sufrimiento familiar. Las mujeres soportaron cargas físicas, trabajo doméstico forzado y violencia sexual; los niños trabajaron junto a sus padres; y los hombres que no cumplían las cuotas fueron golpeados o encarcelados. El caso portugués demuestra que una potencia colonial puede abolir la palabra “esclavitud” mientras conserva la esclavitud en la práctica.
La forma más extrema de esta lógica se produjo en el Estado Libre del Congo bajo el dominio personal del rey Leopoldo II entre 1885 y 1908. Allí, la extracción de caucho y marfil se impuso mediante el terror: las aldeas recibían cuotas imposibles, los hombres eran enviados a los bosques y las mujeres y los niños eran retenidos como rehenes para obligar al cumplimiento. El incumplimiento podía derivar en hambre, violación, encarcelamiento, asesinato o mutilación. Los testimonios de los sobrevivientes recogidos por la Comisión de Investigación de 1904–1905 documentan la destrucción de comunidades enteras y la reducción de la vida humana a una cuota productiva. El Congo revela la consecuencia última del trabajo forzado colonial: cuando un cuerpo se quebraba, otro podía ser apresado.
Francia empleó mecanismos similares en África Occidental y en Indochina. El sistema de "prestations" obligaba a los hombres adultos a pagar un impuesto de trabajo mediante labores no remuneradas en caminos y proyectos públicos. En Indochina, el trabajo forzado construyó ferrocarriles, puertos y carreteras coloniales, mientras los campesinos morían por accidentes, enfermedades, desnutrición y castigos brutales. Estas experiencias confirman que el trabajo coercitivo no fue una anomalía ni una práctica limitada a regiones “atrasadas”, sino un instrumento ordinario de administración imperial.
La religión ocupó una posición ambivalente frente a la esclavitud y la servidumbre. En la sociedad hindú, la jerarquía de casta contribuyó a legitimar el trabajo hereditario y las ocupaciones consideradas impuras, aunque también surgieron corrientes bhakti y movimientos de resistencia contra la opresión de casta. En las sociedades musulmanas, el derecho islámico prohibía la esclavización de musulmanes libres y promovía la manumisión, pero la esclavitud y el trabajo forzado persistieron mediante el cautiverio, la deuda, la concubinato y las costumbres locales. En el mundo cristiano, las iglesias tanto bendijeron el imperio como lo desafiaron: algunos misioneros sirvieron a las administraciones coloniales, mientras otros expusieron atrocidades, especialmente en el Congo. La conclusión es que la religión puede santificar la dominación, pero también convertirse en un lenguaje de liberación cuando defiende la dignidad humana y condena la explotación.
El informe subraya que la esclavitud moderna no pertenece únicamente al pasado. Según la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones, aproximadamente 50 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en 2021, incluidos 27,6 millones en trabajo forzado y 22 millones en matrimonio forzado; más de 12 millones eran niños. En Pakistán, se estima que alrededor de 2,3 millones de personas experimentaron alguna forma de esclavitud moderna en 2021. Estas cifras demuestran que la servidumbre por deudas, la trata, el matrimonio forzado y la explotación laboral siguen siendo realidades contemporáneas.
Pakistán ocupa un lugar central en este análisis. La lucha contra el peshgi—el anticipo que vincula a un trabajador y su familia con un empleador—se convirtió en una de las campañas abolicionistas más importantes del mundo moderno. Ehsan Ullah Khan, fundador del Bhatta Mazdoor Mahaz en 1967 y posteriormente vinculado al Bonded Labour Liberation Front, organizó durante más de dos décadas a los trabajadores de los hornos de ladrillos en Punjab. El peshgi aparecía como un préstamo voluntario para el matrimonio, la enfermedad, la alimentación o una emergencia, pero en la práctica se transformaba en una cadena: los salarios bajos, las cuentas manipuladas, las multas arbitrarias y las deudas hereditarias hacían casi imposible el reembolso. Los niños nacían con obligaciones que nunca habían contraído, y el horno de ladrillos se convertía en una prisión sin muros.
Esta lucha culminó en la promulgación de la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Servidumbre de 1992. La ley abolió el sistema de trabajo en servidumbre, liberó a los trabajadores de sus obligaciones, extinguió las deudas derivadas de la servidumbre, prohibió nuevos anticipos de ese tipo e impidió que los tribunales u otras autoridades recuperaran dichas deudas. Fue un logro histórico: Pakistán declaró formalmente que una deuda no podía ser propietaria de un ser humano.
Sin embargo, la abolición legal no eliminó la servidumbre en la práctica. El Tribunal Superior de Islamabad reconoció en 2021, en un caso relacionado con trabajadores menores de edad, que los anticipos utilizados para retener a los trabajadores de los hornos de ladrillos constituían una nueva forma de esclavitud moderna. El tribunal sostuvo que, cuando un anticipo se emplea para obligar a alguien a permanecer en un lugar de trabajo, deja de ser crédito ordinario y se convierte en un instrumento de coerción.
El informe presta especial atención al Código Laboral de Punjab de 2026, promulgado el 10 de febrero de 2026. Este código permite anticipos sin intereses de hasta tres veces el salario mínimo aplicable a los trabajadores no calificados, recuperables mediante cuotas que no excedan un quinto de la remuneración. Sus defensores sostienen que estas disposiciones modernizan la protección laboral, introducen registros digitales y sustituyen la deuda coercitiva por crédito regulado. Sus críticos, en cambio, advierten que el empleador puede ser simultáneamente acreedor, arrendador, proveedor de vivienda y controlador del salario, condiciones bajo las cuales un anticipo puede convertirse nuevamente en una cadena. Si un sistema digital registra la deuda, calcula las cuotas y permite su recuperación, el peshgi podría no haber sido abolido, sino digitalizado.
La pregunta central es, por tanto, si un Estado puede regular la deuda sin legalizar la servidumbre por deudas. El criterio decisivo es simple: un trabajador debe poder abandonar a su empleador sin perder el refugio, los salarios, la seguridad o la protección de su familia. Si no puede hacerlo, el anticipo no es un préstamo, sino servidumbre.
El informe concluye que la paz duradera exige verdad histórica, educación, rendición de cuentas y una aplicación de la ley centrada en los sobrevivientes. La democracia no consiste únicamente en elecciones, sino en la capacidad de las personas comunes para exigir responsabilidad a los poderosos. La educación debe enseñar que el begar no era tradición, que el peshgi no es un favor y que la casta, la raza, el género y la pobreza no son destinos naturales, sino estructuras sociales que pueden transformarse. Ningún niño debe heredar una deuda que nunca contrajo, ninguna mujer debe heredar un cuerpo que otros pretendan poseer y ninguna comunidad debe heredar la humillación como si fuera su destino. La paz comienza cuando el peso es finalmente depuesto.
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