sábado, 24 de octubre de 2026

Premio 2026 a la Mejor labor de una Institución Científica-Sanitaria, concedido a los Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP) por la Asociación Acceso Justo al Medicamento (ASJM)1


Texto de base para la entrega de dicho premio, en Noblejas (Toledo) el 24 de octubre de 20262


Agradecemos la concesión del premio a sabiendas de que no somos ninguna “institución” pues no tenemos registro legal, ni domicilio alguno, ni cuenta bancaria, ni estatutos, ni nada de nada, salvo entusiasmo y ganas de mejorar las cosas.

Lo recibimos en nombre de miles de profesionales de sanidad que han participado en los SIAP, profesionales que creen que otro mundo es posible, en lo general y en lo sanitario.

Declaramos no tener conflicto de interés con ninguna industria ni institución. Aceptamos el premio, sin valor monetario ni académico, como un reconocimiento por pares, algo valiosísimo que nos hace pensar que no lo estamos haciendo del todo mal.

Declaramos un fortísimo conflicto de interés con la equidad y la eficiencia sanitarias que nos lleva a enfrentamientos casi cotidianos al promover ese “otro mundo posible”.

¿Qué son los SIAP?

Los SIAP son encuentros de atención primaria, multiprofesionales [abiertos a toda profesión sanitaria y también a la ciudadanía], multigeneracionales y multilingües [en castellano, portugués, catalán, euskera, aimara, etc pues los idiomas son puentes que unen no barreras que separen] que facilitan la participación y aprendizaje tanto a distancia como presencial, con el objetivo de mejorar el trabajo relacionado con la sanidad y en especial con la atención primaria. En general, se tratan cuestiones clave en el ejercicio profesional que se suelen ignorar en el pre y postgrado.

No hay cuotas, el presupuesto es de cero euros, nadie cobra nada, cada cual (ponentes, asistentes y organizadores) cubre sus gastos y buscamos locales gratuitos. En el encuentro presencial promovemos la participación con bebés y prole y también con “dependientes”, que cuidamos en común.

¿Cuál es el lema clave en los SIAP?

Todo el mundo tiene mucho que aprender y algo que enseñar. Todo el mundo es todo el mundo, en una relación horizontal que permite crear conocimiento colectivo. Una relación también “segura” que permite hablar con franqueza sin miedo a malas interpretaciones.

¿Cuántos SIAP se han realizado y sobre qué cuestiones?

En 21 años se han realizado 60, con una media de 200 participantes entre virtuales y virtuales-presenciales (miles en total, pues). Los tres últimos sobre las relaciones de profesionales con las industrias, la atención en zonas geográficas marginadas y la gordofobia. Los tres próximos sobre seguridad y medicamentos, fecundidad y reproducción asistida y ternura clínica. Hemos tenido, además y como ejemplo, SIAP sobre pacientes que lloran, covid, vacunas, errores clínicos y fantasías de errores, soledad, pacientes invisibles, el final de la vida, etc.

Teniendo una tres SIAP anuales, ¿no hay más actividad?

Los SIAP no acaban nunca; tiene tres fases, un mes previo al encuentro por correo electrónico, dos días de encuentro presencial...y años de seguimiento por correo electrónico. Por ejemplo, siguen vivos y activos los SIAP sobre vacunas, prevención, salud de la mujer, covid, etc.

No obstante, los SIAP se complementan con las videoconferencias del ciclo de “Inteligencia Sanitaria” (“Salud, Ciencia Crítica y Ética”) que recogen la actividad de los propios SIAP y otras muchas más en relación con sus contenidos. Las tres últimas para celebrar el centenario del nacimiento de Iván Illich, la crisis de Ceuta, y los psicofármacos, medicamentos que matan (de Peter Gøtzsche). La próxima, “Sin vivienda no hay salud”.

¿Qué palabras resuenan más en los SIAP?

Ciencia, conciencia y coraje. Altruismo, compromiso, dignidad, parresía, solidaridad y ternura.

La parresía (del griego: παρρησία) es el habla franca, hablar con libertad y sinceridad, hablar que se entienda. Implica libertad de expresión y, también, la obligación de decir la verdad por el bien común, incluso con riesgo personal si llega el caso.

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1Para saber más de los SIAP, este texto preparado para la nota de prensa del premio de la Asociación Acceso Justo al Medicamento: https://saludineroap.blogspot.com/2026/10/premio-2026-la-mejor-labor-de-una.html

2 Recogieron el premio Mercedes Pérez-Fernández y Juan Gérvas, fundadores de los Seminarios de Innovación en Atención Primaria

 






Gardiner Harris, periodista de investigación: “Ninguna industria ha sido tan criminal como la farmacéutica”

PATRICIA GOSÁLVEZ
https://elpais.com/sociedad/2026-10-24/gardiner-harris-periodista-de-investigacion-ninguna-industria-ha-sido-tan-criminal-como-la-farmaceutica.html

“Este libro fue una misión suicida. Intenté alejarme del tema, pero me atormentaba”. Gardiner Harris (Princeton, 1968), reportero del sector farmacéutico en The Wall Street Journal y The New York Times, dejó la cartera en 2012 para cubrir asuntos menos frustrantes, primero como corresponsal en Nueva Delhi y luego en la Casa Blanca. No consiguió que se le pasase la rabia contra la impunidad de un sector “que en Estados Unidos funciona como una mafia”. Así que en 2019 abandonó el periodismo diario, donde sus reportajes lograron que multasen por fraude a la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb o que se aprobase la Sunshine Act, la ley que obliga a las farmacéuticas a hacer públicos los pagos a médicos, para escribir un libro sobre Johnson & Johnson. “Es un caso de estudio fascinante: por un lado, es la que peor se comporta de todas las farmacéuticas; y por otro, tiene con diferencia la mejor reputación. Esa contradicción me enfurecía, pero también me daba curiosidad”, dice Harris, en Madrid por la presentación de No llores más, los oscuros secretos de Johnson & Johnson (publicado por Capitán Swing en castellano), donde disecciona nueve escándalos de la marca —de la presencia de amianto en sus míticos polvos de talco a la retirada de su vacuna para la covid—. Juntos dibujan un panorama desolador donde conviven empresas voraces, médicos comprados, un regulador que funciona “como un títere de la industria”, presiones a medios de comunicación, mentiras, puertas giratorias, lobbies con garras en Washington y demandas acalladas con montañas de dinero…
Pregunta. El escándalo de los polvos de talco a los que se relaciona con el cáncer de ovarios se saldó en julio con el pago de 5.500 millones de dólares (4.830 millones de euros) por parte de Johnson & Johnson (J&J) para zanjar miles de demandas pendientes. ¿Es una victoria o un fracaso para las víctimas?
Respuesta. Es una victoria para J&J. Cada una de las demandantes, unas 90.000, recibirá solo unos pocos miles de dólares. Sus abogados también ganan, porque obtienen el 40% de la indemnización. Y las aseguradoras que pagaron su atención médica…
P. En su libro dice que la empresa siguió comercializándolos hasta 2023 por “terquedad”.
R. En los sesenta descubrieron que su producto más icónico era peligroso. Es comprensible que en los primeros años desestimaran el riesgo, había amianto por todas partes. Pero a medida que fue eliminado de nuestras vidas, permaneció en el Baby Powder de J&J debido a esa obstinación, lo que pervirtió la empresa, porque, una vez te permites envenenar a bebés y madres, eres capaz de cualquier cosa.
P. Acusa a la empresa de contribuir en la muerte de dos millones de personas. ¿Cómo llega a ese número?
R. Incluye a los 500.000 muertos por la crisis de los opiáceos, al millón que murieron, sobre todo ancianos, por el mal uso de antipsicóticos para tenerlos tranquilos (Risperdal era uno de los cinco medicamentos más usados) y a los 500.000 pacientes oncológicos víctimas del abuso de la EPO [la eritropoyetina, utilizada para paliar los efectos de la quimioterapia, que hacía crecer los tumores]. J&J fue coautora de los tres mayores desastres farmacéuticos de la historia de EE UU. Aunque la proporción que causaron sus medicamentos sea menor, no hay manera de separar por marcas, solo por categorías.
P. ¿Cómo de comunes son estas prácticas en el sector?
R. Mucho. El sistema de salud estadounidense es profundamente corrupto. La industria farmacéutica se ha declarado culpable en cientos de casos y ha pagado decenas de miles de millones de dólares en multas. J&J lleva gastados unos 35.000 millones en litigios solo desde 2013. Ningún otro sector en la historia de EE UU ha atravesado una era de criminalidad semejante. Es extraordinario que hayamos permitido que la industria que nos debería cuidar haya causado tanto daño impunemente.
P. En Europa la regulación es más estricta, pero las estrategias de las multinacionales son globales, ¿nos afectan igual?
R. El sistema sanitario estadounidense lo empeora todo. Permitimos que las farmacéuticas paguen directamente a los médicos para que promocionen sus productos. Saben que, por cada dólar que gastan en un médico, recuperan cinco. Desde los 70 existía una ley que prohibía a las corporaciones estadounidenses agasajar a funcionarios públicos del resto del mundo y, como en Europa la mayoría de los médicos trabajan para los gobiernos estabais más seguros... Sin embargo, en 2025 la administración Trump la suspendió.
P. ¿Empeora la situación cuando gobiernan unos u otros?
R. No. En 1992, la administración Clinton cerró un trato que básicamente vendió la FDA [la agencia del medicamento estadounidense] al sector. Era el auge del sida, la FDA no aprobaba medicamentos con suficiente rapidez y necesitaba dinero. En vez de dárselo, el Gobierno la hizo depender de la industria.
P. ¿Qué opina del secretario de Salud Robert F. Kennedy y del movimiento MAHA (Make America Healthy Again)?
R. Creo que ha intentado tomar algunas medidas para controlar el sector. El movimiento MAHA es naturalmente escéptico respecto a la industria farmacéutica. Y hay razones para serlo; pero claro, parte del movimiento antivacunas, con el que estoy en desacuerdo, proviene de esa desconfianza.
P. ¿Le preocupa que exponer las malas prácticas del sector alimente el negacionismo?
R. Sí. Puede avivar un escepticismo que, en algunos casos, lleva a la gente a desconfiar de la ciencia en general.
P. Sin una regulación firme, los problemas se dirimen una vez hecho el daño, litigando, algo muy estadounidense.
R. Es absurdo: como decir, deshagámonos de la policía y, si alguien viola o asesina, que la víctima o su familia le demande. Nadie pensaría que eso es justo o apropiado. En aviacion, la agencia reguladora aprueba un avión, pero si hay un accidente, una organización independiente investiga para que no haya un conflicto de intereses. Es el tipo de sistema que debería existir con los medicamentos. Por cierto, Europa tampoco lo tiene.
P. Pero la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene financiación pública, además de privada.
R. En cuanto a medicamentos, Europa tiene un sistema mejor que EE UU, pero no en los dispositivos médicos... Tanto la EMA como la FDA necesitan más poder e independencia, sobre todo, para hacer un seguimiento más exhaustivo una vez aprobados los productos.
P. El regulador también se captura con puertas giratorias. ¿Cómo de flagrantes son?
R. Todos los comisionados de la FDA de la historia, con la excepción del más reciente, han trabajado después para fabricantes de medicamentos. Y ocurre en otros ámbitos. Tres de los cuatro fiscales del caso Risperdal, en el que no se procesó a ningún ejecutivo de J&J, acabaron trabajando para bufetes que tienen a la empresa como uno de sus mayores clientes.
P. En los tribunales, la empresa en general ha prevalecido.
R. Por muchas razones. Destruyen registros, encubren estudios, mienten a los jueces. Tienen enormes cantidades de dinero y usan estrategias como crear empresas subsidiarias y declararlas en bancarrota. Aunque no cuele, la trampa alarga años los procesos. Y las indemnizaciones son mayores cuando la víctima está viva y sufriendo que cuando muere.
P. Arremete contra las instituciones científicas que también dependen de la financiación corporativa. ¿Cómo se corta esa fuente de ingresos sin dañar el avance de la ciencia?
R. Algunos ensayos clínicos son estrategias de marketing disfrazadas. Podríamos establecer leyes que permitan la financiación, al tiempo que se reduce la influencia de las farmacéuticas, pero hemos optado por no hacerlo, porque la industria también financia a los políticos.
P. Sobre las prebendas a los médicos, ¿qué es lo más descabellado que encontró en su investigación?
R. Hay muchos viajes, congresos, comidas… y pagos directos. Para promocionar los implantes de cadera metálicos, J&J pagó a una docena de los mejores cirujanos ortopédicos 15 millones de dólares para que recorriesen el país hablando de los beneficios de este dispositivo. Algunos sabían tan bien lo peligroso que era que dejaron de ponérselo a sus propios pacientes. En el caso de la EPO, los oncólogos que la promocionaban llegaban a duplicar sus ingresos. Unos 200 académicos sabían que hacía crecer los tumores, pero mantuvieron la boca cerrada. Hablé con muchos de ellos. Me decían: “¿sabes los abogados que tiene esta gente?”. Con razón, J&J es un bufete que vende fármacos.
P. En “la cultura de la impunidad”, ¿qué papel jugamos los medios?
R. Algunos periodistas intentaron contar las historias que narro, pero J&J amenazó con retirar sus anuncios. En EE UU, muchos medios no han querido entrevistarme a pesar de que el libro está en la lista de los más vendidos de The New York Times, lo que además normalmente significa que sería publicado en toda Europa, pero no ha sido así en Alemania, Francia, Reino Unido... Editoriales y medios se han vuelto más fáciles de intimidar. Y hay una parte de autocensura. Es difícil exigir responsabilidades a los poderosos cuando tratas de sobrevivir.
P. ¿Cómo de larga fue la revisión legal del texto?
R. Meses, pero era importante tener toda la documentación atada. El libro [500 páginas] era mucho más largo. Enfrentarse a una compañía tan influyente siempre es una locura. Me arrepiento de haberlo escrito, pero estoy orgulloso de los documentos que obtuve y de la escritura, que es tan buena como podía ser. No es un libro fácil de leer, ni de escribir. ¿Cómo construyes un buen relato sobre una organización sin rostro? El Imperio del Dolor [el superventas de Patrick Radden Keefe sobre la dinastía Sackler, dueños de Purdue Pharma, y su responsabilidad en la crisis de los opioides] se lee como una novela, aunque es erróneo que la crisis fue solo su culpa. Purdue era un blanco fácil, sin el ejército de lobbistas ni el presupuesto publicitario de J&J.
P. ¿Qué le mantuvo escribiendo cinco años?
R. Estaba muy enojado de que se hubiesen salido con la suya durante tanto tiempo.
P. ¿Habló con ellos para escribirlo?
R. Con muchos empleados, pero la empresa nunca me dio su versión. Es una debilidad del libro y lo saben. Se han limitado a emitir un comentario a posteriori que no niega nada en concreto.
[Contactada por EL PAÍS, la filial española remite el comunicado: “Desde Johnson & Johnson respaldamos la seguridad de nuestros productos y seguimos centrados en hacer llegar innovación médica a los pacientes de todo el mundo”.]
P. Desde 2022, después de los eventos que narra, el CEO internacional es el valenciano Joaquín Duato. ¿Han mejorado las cosas?
R. No hay razones para pensarlo. Duato es sucesor y gran amigo de Alex Gorski, el directivo que más aparece en el libro. Hay algo excepcional en J&J: su credo [una pionera declaración de 1943, tallada en piedra en su sede y repetida en las reuniones importantes, que pone al usuario por delante del beneficio]. Manipulan psicológicamente mejor que nadie a sus empleados, haciéndoles creer, incluso a los directivos, que, a pesar de toda la evidencia en contra, J&J es, en general, una fuerza excepcionalmente beneficiosa en el mundo.
P. ¿Lo es de alguna manera?
R. Fue uno de los primeros fabricantes de antirretrovirales contra el VIH/sida que salvaron a millones de personas (aunque fueron de los pocos que no compartieron su patente para fabricar genéricos para África). Muchos de sus medicamentos salvan vidas y, si te operan, es probable que te cosan con suturas de J&J. Desde su fundación [a finales del XIX] hasta mediados del siglo XX fue una compañía ética.
P. El libro arranca con un encuentro fortuito en un bar de aeropuerto con una comercial de J&J que le contó su conflicto moral.
R. Es sorprendente, a lo largo de mi carrera, lo erróneas que han resultado mis primeras impresiones. Cuando empecé a cubrir sucesos, creía saber quiénes eran los buenos y quiénes los malos, pero acabé haciendo que arrestasen por corrupto a un jefe de policía al que admiraba mucho. En el sector farmacéutico, al principio pensé que los investigadores y médicos eran seres admirables; luego estaban los ejecutivos, que a veces hacían cosas malas. Los peores me parecían los comerciales: bebían y llegaban a acostarse con los médicos para llevarles por el mal camino. Al final, invertí por completo esa jerarquía moral. Casi todos los denunciantes de la industria son precisamente los comerciales. Ganan menos y tienen menos estudios, pero mayor integridad.
P. Visto el panorama, ¿en quién confía un enfermo en EE UU?
R. En uno mismo. Lee todo lo que puedas. Y no tengas prisa por tomar el último medicamento. Espérate y observa cómo funciona en el mercado.
P. ¿Cuál es el mejor país para enfermar?
R. Debido al enorme gasto, en EE UU hay laboratorios punteros y hospitales magníficos; por algo van los príncipes saudíes a la Clínica Mayo… Pero para un enfermo medio, Dinamarca o Noruega ofrecen, con diferencia, la mejor atención clínica, mejores tasas de vacunación, un excelente sistema de auditoría entre pares. En general, Europa es mejor: deberíais estar orgullosos de un sistema que protege a sus ciudadanos.

viernes, 23 de octubre de 2026

El único problema que tiene la escuela es los chicos que pierde


Manuel Pérez Real

Han pasado casi 60 años desde que Lorenzo Milani y los muchachos de Barbiana lanzaron esta verdad incómoda.

Y, sin embargo, sigue doliendo porque sigue siendo verdad.

Hoy nuestros centros educativos están atrapados en una maquinaria burocrática que crece sin descanso. Plataformas, informes, protocolos, estadísticas, evidencias, requerimientos, pruebas, registros. Todo debe constar, justificarse y quedar documentado.

Pero mientras llenamos casillas, hay niños que se vacían por dentro.

Directores, docentes y equipos de orientación llevan años denunciándolo: falta personal, faltan recursos, sobra papeleo y falta tiempo. Tiempo para mirar a un alumno a los ojos. Para escuchar a una familia. Para detectar que ese adolescente que empieza a faltar no es un problema administrativo, sino una llamada de auxilio.

No es una anécdota local. Es una advertencia seria.

La burocracia no afecta a todos por igual. Quien tiene recursos encuentra apoyo fuera de la escuela. Pero los últimos, quienes dependen casi exclusivamente de ella, necesitan precisamente lo que el sistema está robando: presencia.

Cada hora dedicada a justificar una evidencia puede ser una hora menos para acompañar a un niño. Cada trámite inútil aleja a un director de su función pedagógica.

Y mientras tanto seguimos perdiendo chicos. Por el fracaso escolar, el abandono temprano y, muchas veces, porque dejan de sentirse mirados mucho antes de abandonar físicamente el aula.

¿Quién fracasa entonces? ¿El alumno o el sistema?

Para nosotros, los últimos son nuestros ángeles, nuestros mensajeros. Son quienes nos anuncian que algo debe cambiar. No son una estadística. Tienen nombre, rostro, familia, miedo, sueños y dignidad.

La escuela pública debe ayudar más a quien más lo necesita. Porque tratar igual a quienes parten de situaciones desiguales no es justicia.

Necesitamos menos cultura del control y más cultura del cuidado. Menos papeles y más personas. Menos burocracia y más pedagogía. Menos despacho y más aula.

Porque una escuela que pierde a sus últimos termina perdiéndose a sí misma.

Y eso, sencillamente, no debemos seguir permitiéndolo.


domingo, 18 de octubre de 2026

Apocalipsis fabricado


Ehsan Ulla Khan

Cargados sobre espaldas humanas: La explotación colonial, la carga de la esclavitud sobre las mujeres, los niños y los hombres, y su herida persistente en el sistema económico global moderno.


Este informe de investigación, elaborado por Ehsan Ullah Khan, examina la continuidad histórica del trabajo forzado desde las estructuras medievales de servicio obligatorio hasta la servidumbre contemporánea por deudas. Su tesis central es que la esclavitud no constituye una institución extinguida, sino una patología social recurrente que reaparece bajo nuevas formas siempre que convergen la pobreza extrema, la debilidad del Estado de derecho, las jerarquías de casta o raza, la desigualdad de género y la impunidad de las élites económicas y políticas. La historia del trabajo coercitivo demuestra que el ser humano ha sido convertido repetidamente en camino, herramienta, garantía financiera y fuerza de trabajo al servicio de imperios, terratenientes, empresas y empleadores.

Antes de la modernización de los transportes, los imperios descubrieron que el medio más barato de mover funcionarios, armas, alimentos, suministros y mercancías era el cuerpo humano. En la India británica, este sistema recibió el nombre de begar; en el África portuguesa, chibalo; en las colonias francesas, prestations y corvée; y en el Estado Libre del Congo, un régimen de terror basado en cuotas de caucho, toma de rehenes, mutilaciones y muertes masivas. Aunque estas formas de explotación recibieron nombres distintos, compartían un principio común: las personas colonizadas, pobres y racializadas eran tratadas como infraestructura viviente del poder imperial.

En el sur de Asia, el servicio obligatorio existía antes del colonialismo europeo en reinos medievales, aldeas dominadas por terratenientes y cacicazgos montañosos. Sin embargo, el dominio británico transformó esas obligaciones dispersas en una máquina burocrática coercitiva. En regiones como Kumaon y Garhwal, las aldeas fueron obligadas a suministrar cargadores para funcionarios, soldados, guardas forestales y viajeros. Los hombres eran inscritos en registros y forzados a transportar equipaje, tiendas, alimentos, armas y documentos oficiales a través de caminos montañosos, bosques y zonas de enfermedad. Recibían poco o ningún pago, perdían jornadas agrícolas esenciales y enfrentaban castigos físicos, multas o encarcelamiento si se resistían.

La carga recaía de manera desproporcionada sobre campesinos, comunidades de castas inferiores, habitantes de los bosques y pueblos adivasi, pues eran quienes poseían menor capacidad de resistencia. Los relatos históricos describen cargadores que se desplomaban por agotamiento, sufrían úlceras, fiebres y hernias, y eran golpeados, abandonados o reemplazados cuando ya no podían continuar. El Estado colonial denominaba “deber” a esta explotación; quienes la sufrían la reconocían como esclavitud.

La resistencia, no obstante, también formó parte de esta historia. En enero de 1921, durante la feria de Uttarayani en Bageshwar, miles de habitantes de Kumaon se reunieron junto al río Saryu y juraron rechazar el coolie begar, el coolie utar y el coolie burdayash. Los cabeza de aldea arrojaron los registros laborales al río, destruyendo simbólicamente los documentos que habían convertido a seres humanos en propiedad del Estado colonial. Este movimiento, liderado por figuras como Badri Datt Pandey y Hargovind Pandey, demostró que el trabajo forzado persistía no porque las comunidades lo aceptaran, sino porque el Estado poseía la fuerza para imponerlo. Cuando la resistencia se volvió colectiva, el sistema comenzó a derrumbarse y la administración colonial terminó por abolir el begar en Kumaon.

El informe también analiza el Imperio portugués, donde la abolición formal de la esclavitud no produjo libertad real. Portugal mantuvo en Angola, Mozambique, Santo Tomé y Guinea un sistema de trabajo coercitivo llamado chibalo. Hombres, mujeres y niños africanos fueron obligados a trabajar en plantaciones, cultivos de algodón, construcción de caminos y obras públicas. En Mozambique, el cultivo obligatorio de algodón desplazó la producción de alimentos, provocando hambre y sufrimiento familiar. Las mujeres soportaron cargas físicas, trabajo doméstico forzado y violencia sexual; los niños trabajaron junto a sus padres; y los hombres que no cumplían las cuotas fueron golpeados o encarcelados. El caso portugués demuestra que una potencia colonial puede abolir la palabra “esclavitud” mientras conserva la esclavitud en la práctica.

La forma más extrema de esta lógica se produjo en el Estado Libre del Congo bajo el dominio personal del rey Leopoldo II entre 1885 y 1908. Allí, la extracción de caucho y marfil se impuso mediante el terror: las aldeas recibían cuotas imposibles, los hombres eran enviados a los bosques y las mujeres y los niños eran retenidos como rehenes para obligar al cumplimiento. El incumplimiento podía derivar en hambre, violación, encarcelamiento, asesinato o mutilación. Los testimonios de los sobrevivientes recogidos por la Comisión de Investigación de 1904–1905 documentan la destrucción de comunidades enteras y la reducción de la vida humana a una cuota productiva. El Congo revela la consecuencia última del trabajo forzado colonial: cuando un cuerpo se quebraba, otro podía ser apresado.

Francia empleó mecanismos similares en África Occidental y en Indochina. El sistema de "prestations" obligaba a los hombres adultos a pagar un impuesto de trabajo mediante labores no remuneradas en caminos y proyectos públicos. En Indochina, el trabajo forzado construyó ferrocarriles, puertos y carreteras coloniales, mientras los campesinos morían por accidentes, enfermedades, desnutrición y castigos brutales. Estas experiencias confirman que el trabajo coercitivo no fue una anomalía ni una práctica limitada a regiones “atrasadas”, sino un instrumento ordinario de administración imperial.

La religión ocupó una posición ambivalente frente a la esclavitud y la servidumbre. En la sociedad hindú, la jerarquía de casta contribuyó a legitimar el trabajo hereditario y las ocupaciones consideradas impuras, aunque también surgieron corrientes bhakti y movimientos de resistencia contra la opresión de casta. En las sociedades musulmanas, el derecho islámico prohibía la esclavización de musulmanes libres y promovía la manumisión, pero la esclavitud y el trabajo forzado persistieron mediante el cautiverio, la deuda, la concubinato y las costumbres locales. En el mundo cristiano, las iglesias tanto bendijeron el imperio como lo desafiaron: algunos misioneros sirvieron a las administraciones coloniales, mientras otros expusieron atrocidades, especialmente en el Congo. La conclusión es que la religión puede santificar la dominación, pero también convertirse en un lenguaje de liberación cuando defiende la dignidad humana y condena la explotación.

El informe subraya que la esclavitud moderna no pertenece únicamente al pasado. Según la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones, aproximadamente 50 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en 2021, incluidos 27,6 millones en trabajo forzado y 22 millones en matrimonio forzado; más de 12 millones eran niños. En Pakistán, se estima que alrededor de 2,3 millones de personas experimentaron alguna forma de esclavitud moderna en 2021. Estas cifras demuestran que la servidumbre por deudas, la trata, el matrimonio forzado y la explotación laboral siguen siendo realidades contemporáneas.

Pakistán ocupa un lugar central en este análisis. La lucha contra el peshgi—el anticipo que vincula a un trabajador y su familia con un empleador—se convirtió en una de las campañas abolicionistas más importantes del mundo moderno. Ehsan Ullah Khan, fundador del Bhatta Mazdoor Mahaz en 1967 y posteriormente vinculado al Bonded Labour Liberation Front, organizó durante más de dos décadas a los trabajadores de los hornos de ladrillos en Punjab. El peshgi aparecía como un préstamo voluntario para el matrimonio, la enfermedad, la alimentación o una emergencia, pero en la práctica se transformaba en una cadena: los salarios bajos, las cuentas manipuladas, las multas arbitrarias y las deudas hereditarias hacían casi imposible el reembolso. Los niños nacían con obligaciones que nunca habían contraído, y el horno de ladrillos se convertía en una prisión sin muros.

Esta lucha culminó en la promulgación de la Ley de Abolición del Sistema de Trabajo en Servidumbre de 1992. La ley abolió el sistema de trabajo en servidumbre, liberó a los trabajadores de sus obligaciones, extinguió las deudas derivadas de la servidumbre, prohibió nuevos anticipos de ese tipo e impidió que los tribunales u otras autoridades recuperaran dichas deudas. Fue un logro histórico: Pakistán declaró formalmente que una deuda no podía ser propietaria de un ser humano.

Sin embargo, la abolición legal no eliminó la servidumbre en la práctica. El Tribunal Superior de Islamabad reconoció en 2021, en un caso relacionado con trabajadores menores de edad, que los anticipos utilizados para retener a los trabajadores de los hornos de ladrillos constituían una nueva forma de esclavitud moderna. El tribunal sostuvo que, cuando un anticipo se emplea para obligar a alguien a permanecer en un lugar de trabajo, deja de ser crédito ordinario y se convierte en un instrumento de coerción.

El informe presta especial atención al Código Laboral de Punjab de 2026, promulgado el 10 de febrero de 2026. Este código permite anticipos sin intereses de hasta tres veces el salario mínimo aplicable a los trabajadores no calificados, recuperables mediante cuotas que no excedan un quinto de la remuneración. Sus defensores sostienen que estas disposiciones modernizan la protección laboral, introducen registros digitales y sustituyen la deuda coercitiva por crédito regulado. Sus críticos, en cambio, advierten que el empleador puede ser simultáneamente acreedor, arrendador, proveedor de vivienda y controlador del salario, condiciones bajo las cuales un anticipo puede convertirse nuevamente en una cadena. Si un sistema digital registra la deuda, calcula las cuotas y permite su recuperación, el peshgi podría no haber sido abolido, sino digitalizado.

La pregunta central es, por tanto, si un Estado puede regular la deuda sin legalizar la servidumbre por deudas. El criterio decisivo es simple: un trabajador debe poder abandonar a su empleador sin perder el refugio, los salarios, la seguridad o la protección de su familia. Si no puede hacerlo, el anticipo no es un préstamo, sino servidumbre.

El informe concluye que la paz duradera exige verdad histórica, educación, rendición de cuentas y una aplicación de la ley centrada en los sobrevivientes. La democracia no consiste únicamente en elecciones, sino en la capacidad de las personas comunes para exigir responsabilidad a los poderosos. La educación debe enseñar que el begar no era tradición, que el peshgi no es un favor y que la casta, la raza, el género y la pobreza no son destinos naturales, sino estructuras sociales que pueden transformarse. Ningún niño debe heredar una deuda que nunca contrajo, ninguna mujer debe heredar un cuerpo que otros pretendan poseer y ninguna comunidad debe heredar la humillación como si fuera su destino. La paz comienza cuando el peso es finalmente depuesto.




viernes, 16 de octubre de 2026

Migración más allá del capitalismo



José R. Loayssa

Migration Beyond Capitalism
Hannah Cross (https://www.politybooks.com/author-books...)

La izquierda humanista-moralista sigue un método de defensa de la solidaridad con los migrantes que vulnera cualquier análisis político serio. La solidaridad con todos los migrantes sin distinción (dudo que nos debamos solidarizar con los venezolanos antichavistas que vinieron por miles) es su punto de partida. Por lo tanto analizan los procesos migratorios de forma sesgada. Seleccionan todos los datos que pueden respaldar el carácter positivo de éstos (contribuyen a la prosperidad del país, benefician a todos, incluso contribuyen a que dispongamos una mejor selección de fútbol) y cancelan cualquier dato u opinión contraria.

Este libro de Cross adopta una perspectiva distinta. Se centra en la economía política (olvida en demasía la dimensión interpersonal, subjetiva y antropológico cultural), y acumula datos empíricos mostrando como la migración masiva es funcional al capitalismo actual. La explotación brutal de los trabajadores migrantes desempeña un papel fundamental en la economía política del capitalismo contemporáneo. La teorización abstracta y utópica de muchos liberales e izquierdistas sobre la migración suele ignorar o minimizar los patrones de desplazamiento y las brutales dinámicas de clase, que dividen y debilitan a la clase trabajadora al tiempo que fortalecen a la clase dominante.

En este importante libro, Hannah Cross ofrece un análisis objetivo de los antagonismos de clase de la migración en el contexto de la nación, la democracia y la organización racializada del mundo. Aplicando la metodología y la estrategia marxistas a un análisis minucioso de los movimientos emancipadores existentes, expone los programas y enfoques necesarios para promover la solidaridad obrera global y crear un futuro en el que la mano de obra barata deje de ser un pilar de las economías ricas. Este enfoque en las clases trabajadoras le permite identificar nuevas e importantes direcciones para la migración en un mundo más allá del capitalismo, la explotación y la injusticia.

Este libro debería ser leído por los interesados en la política y la economía política de la migración en un mundo atrapado, paradójicamente, entre el capitalismo autoritario racista y las ilusiones ingenuas del liberalismo de izquierda contemporáneo.

jueves, 15 de octubre de 2026

Sin casa no hay salud


Charo Quintana (en el Diario Montañes)

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Cantabria

La incertidumbre sobre dónde vivir dentro de unos meses se convierte en insomnio, cefaleas, molestias digestivas, ansiedad o depresión

Hablar de vivienda es hablar de salud. No de forma metafórica, sino como una realidad que la salud pública conoce bien: las condiciones en las ... que nacemos, crecemos, vivimos y envejecemos determinan nuestras oportunidades de enfermar o de mantener una vida saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la vivienda un importante determinante de la salud y advierte de que una vivienda inadecuada puede favorecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares, problemas de salud mental, lesiones y enfermedades infecciosas. Por eso, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria queremos decirlo con claridad: disponer de una vivienda digna es una necesidad sanitaria de primer orden.





Lamentablemente, atravesamos una emergencia habitacional. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en 2025 el 44,3% de las personas de 26 a 34 años seguía viviendo con sus padres. Casi la mitad porque no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda. Por su parte, el Consejo de la Juventud sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5%.

Pero la crisis no termina en la juventud. Cuando el precio obliga, se comparte piso. Se alquilan habitaciones donde puede acabar viviendo una familia entera. Niños que necesitan espacio para gatear, jugar, estudiar, descansar o hacer ruido y adolescentes que precisan de un espacio propio, tienen que adaptarse a viviendas que no fueron pensadas para varias familias. La precariedad habitacional también significa vivir pendientes de una renovación de contrato, de una subida de alquiler que no se sabe si podrá pagarse o de una amenaza de desahucio.

Los datos judiciales recuerdan la dimensión del problema: solo en el primer trimestre de 2025 se practicaron 7.334 lanzamientos en España, y casi el 77% procedió de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Detrás de cada cifra hay personas. Hay madres y padres que hacen cuentas, personas mayores que temen quedarse en la calle, y niños y niñas que pueden verse obligados a cambiar de colegio y de amigos porque su familia ya no puede pagar el alquiler en su barrio.

Ese miedo sostenido enferma. La incertidumbre sobre dónde vivir dentro de unos meses se convierte en insomnio, cefaleas, molestias digestivas, ansiedad, nerviosismo o depresión. En las situaciones más extremas, el sufrimiento puede empujar al suicidio. El propio Ministerio de Sanidad reconoce que la dificultad para acceder a una vivienda digna forma parte de los determinantes sociales relacionados con el malestar psicológico.

Y también se resiente nuestro sistema sanitario público. Una mudanza forzada al terminar un alquiler o tras un desahucio supone cambiar de Centro de Salud y romper los vínculos construidos durante años con sus profesionales, dificultando la deseable atención longitudinal. La continuidad asistencial no es un lujo: es calidad sanitaria.

Una vivienda saludable debe ser, además, habitable. Debe proteger del frío y del calor extremos, de las humedades, evitar el hacinamiento y permitir que las personas con movilidad limitada puedan entrar y salir de su casa. No podemos aceptar que alguien permanezca encerrado porque vive en un edificio sin ascensor, ni que una familia tenga que elegir entre pagar la calefacción y comprar alimentos o medicinas. La OMS advierte de que el frío y el calor extremos en viviendas inadecuadas tienen consecuencias graves para la salud y que mejorar el aislamiento y las condiciones de las casas puede prevenir enfermedad y salvar vidas.

Por todo ello, esta Plataforma considera la vivienda un bien de primera necesidad y un requisito imprescindible para una vida saludable. Resolver el problema habitacional supondría una contribución a la salud pública difícil de calcular: mucha menos enfermedad, menos sufrimiento y más bienestar.

Pedimos que se garantice lo que es un derecho constitucional mediante políticas públicas a la altura de una necesidad básica. Pedimos vivienda asequible, accesible y digna. Pedimos que nadie enferme por no disponer de una casa. Y llamamos a la ciudadanía a movilizarse porque la vivienda digna no es solo un derecho social, es una condición para poder ejercer el derecho a la salud. Y a quienes tienen responsabilidades políticas les pedimos que dejen de aplazar la respuesta y pongan manos a la obra. La salud de la mayoría social también se decide en nuestras casas.

martes, 13 de octubre de 2026

“Prioridad nacional”: cuando el odio se escribe en una ley

 

“Mis tías limpiaron casas ajenas y cuidaron hijos ajenos para que yo pudiera estudiar. Nunca pidieron nada regalado. Nunca faltaron un solo día, ni siquiera siendo internas. Y ahora, en el país al que le dieron sus mejores años, una ley les pregunta si «merecen» un techo o no son de prioridad nacional”
 Misael 

Eso es la “prioridad nacional”: una puerta cerrada con un cartel que dice “tú, panchito. Tú, negrito. Tú, NO.” 

PP y Vox la han pactado y la han metido en las leyes valencianas de 2026. Cuando toca sonar más suave, la llaman “arraigo”. Pero a las familias migrantes les dice lo mismo: esperad al final de la cola, detrás incluso de quien nunca ha cotizado y solo ha aportado discursos de odio a este país. 

Y cuando un partido le dice a un pueblo que hay vecinas de primera y de segunda, eso tiene un nombre: discurso de odio, ahora con sello oficial.

Mira la trampa

Para demostrar arraigo hay que estar empadronada. Pero a miles de personas no las dejan empadronarse. Les exigen el permiso de un casero que no quiere declarar el alquiler porque prefiere no tributar por él. 

Sin padrón no hay arraigo. Sin arraigo no hay vivienda.
Primero te cierran la puerta y después te acusan de no haber entrado. 

El problema real

El problema de este país no son las personas que llegan a trabajar. Son los desahucios, los alquileres que se comen el sueldo y los pisos convertidos en negocio turístico. A quien no encuentra casa le señalan al vecino de al lado, que tampoco la encuentra.

-Hay madres que duermen con el móvil bajo la almohada por si llega la carta del desahucio.
-Hay niños que dicen “contrato” y “fianza” antes que “vacaciones”.
-Hay mujeres que cuidan a nuestras abuelas y no tienen una cama propia.

Esas personas no vienen a quitarte nada. Vienen a sostener lo que tú no tienes tiempo de sostener. 

La Constitución dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Las normas europeas prohíben discriminar por origen en el acceso a la vivienda. No pedimos un favor. Exigimos que se cumpla lo que ya está escrito.

Exigimos al Consell y a Les Corts: Derogar la “prioridad nacional” y todo requisito de arraigo que deje fuera a familias por barreras que no dependen de ellas.

Garantizar el empadronamiento de toda persona que vive aquí, sin trabas ni permisos imposibles. Como mínimo, que el empadronamiento especial tenga silencio administrativo positivo y sanciones para quien no lo cumpla.

Frenar los desahucios y activar de verdad el parque público de vivienda, para todas y todos.

Una sociedad no se mide por lo que presume, sino por cómo trata a quienes queremos, a quienes cuidan a quienes queremos y a las personas más vulnerables.

Firma

Para que nadie tenga que pedir perdón por existir aquí, por amar este lugar y decidir hacer de España su país, sin importar su color de piel ni su pasaporte de origen. 

Campaña “València pels Drets de les Persones Immigrades”: más de 40 colectivos de personas migradas y entidades de derechos humanos.

https://www.change.org/p/no-a-la-prioridad-nacional-la-prioridad-son-los-derechos?recruiter=1431550236&recruited_by_id=9a4044f0-c03c-11f1-b2f9-e5411427e5cc&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_dashboard&utm_medium=copylink&share_id=WMTrhJfbtv

Ahora más que nunca: SOLIDARIDAD

Misael Paredes Riofrío


Premio 2026 a la Mejor labor de una Institución Científica-Sanitaria, concedido a los Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP) por la Asociación Acceso Justo al Medicamento (ASJM)1

Texto de base para la entrega de dicho premio, en Noblejas (Toledo) el 24 de octubre de 2026 2 Agradecemos la concesión del premio a sabiend...