El antecedente de la pandemia por COVID-19 ha contribuido a incrementar la alarma, pero cabe insistir en que las características epidemiológicas del Hantavirus y las de la COVID-19 son muy distintas, con una transmisibilidad mucho menor del primero.
Andreu Segura y Amando Martín-Zurro
La preocupación social que está suscitando el brote epidémico detectado en el crucero MV Hondius, incrementada por la atención que los medios de comunicación dedican a determinadas circunstancias y situaciones –aunque no se conocen todos los aspectos implicados–, no ayuda a comprender cuál es el auténtico nivel de riesgo para la salud de la población. Los medios acentúan lo que resulta más sensacionalista, generando confusión y fomentando un bazar exagerado que promueve reacciones defensivas que podrían tener consecuencias perjudiciales, incluso peores que el brote mismo.
Porque las medidas preventivas, como cualquier intervención sanitaria, no son total y absolutamente inocuas. De ahí que sea necesario ponderar entre los beneficios esperables –en este caso, evitar eventuales nuevos casos, que ciertamente pueden ser graves– y los potenciales efectos adversos para las personas implicadas: los directos –dedicar unos recursos a la prevención que no se podrán dedicar a otros problemas más graves– y los indirectos –las interferencias a la vida cotidiana que más conlleva.
Los hantavirus son una familia de virus con ARN –ácido ribonucleico– algunos de los cuales parasitan animales, sobre todo roedores, que pueden convertirse en fuentes de infección para las personas susceptibles, contagios que habitualmente se producen al inhalar polvo contaminado con restos de orina o de heces de las bestias , o al entrar en contacto las mucosas –de los ojos, la nariz o la boca, con algún objeto manchado con estas heces, y mucho más raramente, por mordeduras o arañazos de los animales transmisores.
En algunos lugares de América del Sur se han notificado algunos casos sospechosos de contagio por contacto personal, asociados a una cepa específica del virus denominada Andes que, al parecer, es la causa de los casos que nos ocupan: un total, a fecha de 9 de mayo, de ocho sospechosos –tres muertos y cinco confirmados– de un total de 150 personas. En general, estos contactos deben ser persistentes e intensos, pese al antecedente –por ahora extraordinario– de un brote más contagioso.
Las infecciones por hantavirus que afectan a los humanos no siempre provocan manifestaciones clínicas, pero, en algunos casos, cuando lo hacen, pueden producir formas muy graves como las afectaciones pulmonares o de los riñones, con una letalidad elevada –proporción de muertes entre los afectados–, que puede superar el 25%, una gravedad clínica que no comporta un impacto poblacional significativo. Una situación que comparte con el tétanos, que cuando se sufre puede provocar la muerte, pero no causa mucha mortalidad en el conjunto. Está claro que el tétanos se puede prevenir con vacuna, lo que no ocurre con el hantavirus, pero la realidad es que los hantavirus son mucho menos problemáticos.
Por otro lado, que se haya convertido en un brote epidémico tampoco implica un riesgo relevante de propagación epidémica, ni mucho menos, pandémica. De hecho, desde los años 90, fecha en la que está documentada la enfermedad en Chile, se han producido algunos brotes, pero todos ellos suficientemente limitados en cuanto al número de infectados.
Por lo que se refiere a las reacciones de las autoridades sanitarias canarias, españolas y catalanas, por lo que sabemos, han sido coherentes con los compromisos establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional e, incluso, han merecido los elogios del director general de la OMS. Tal vez, si ya funcionara la Agencia Estatal de Salud Pública como una entidad autónoma de reconocido prestigio –aprobada parlamentariamente pero aún inédita– podríamos habernos ahorrado algunos disturbios partidistas y sensacionalistas distorsionadores que confunden a la opinión pública.
Por ejemplo, la noticia de que una azafata de la compañía aérea KLM que había estado en contacto con una de las víctimas del brote -y que murió en Johannesburgo, donde había sido evacuada del barco donde había muerto su esposo- se había contagiado, generó más alarma, hasta que fue definitivamente desmentida, al resultar negativas.
Aunque, como el período de incubación de la enfermedad se estima que oscila entre una y seis semanas o más, no había tiempo material para que los leves síntomas respiratorios que la azafata sufrió fueran atribuibles al contagio por la mujer traspasada.
Extremar las medidas de seguridad –aunque no sean necesarias– en ocasiones es una manera de “curarse en salud” y guardarse las espaldas de los responsables políticos y sanitarios ante eventuales reivindicaciones populares o partidistas, pero a veces –aunque pueda parecerlo– tampoco mejoran realmente la credibilidad ni la confianza. Convertir en una cuestión central que el barco atraque o fondee en un puerto u otro, o que los viajeros sean trasladados con una circunspección desorbitada, si atendemos a todo lo que sabemos sobre los mecanismos de transmisión [1] .
La alarma y el miedo no son factores que promuevan actitudes prudentes. Entendiendo la prudencia como una disposición sensata, que no pusilánime ni asustada. Una cautela exagerada es, además de desproporcionada, potencialmente perjudicial, porque fomenta ilusiones –errores de percepción– que en vez de protegernos nos hacen más vulnerables ante el riesgo de eventuales epidemias, dado que el riesgo cero es imposible, aunque en la práctica nos cueste asumirlo El antecedente de la pandemia por COVID-19 ha contribuido a incrementar la alarma, pero cabe insistir en que las características epidemiológicas del Hantavirus y las de la COVID-19 son muy distintas, con una transmisibilidad mucho menor del primero.
De ahí que convenga evaluar cualquier propuesta preventiva lo más rigurosamente posible, aunque sea para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Es preciso insistir en la necesidad de que nuestras autoridades sanitarias apliquen los instrumentos y procedimientos de que disponen para monitorizar la evolución de los contactos, detectar en su caso la aparición de nuevas infecciones y, si fuera necesario, proceder al aislamiento de los afectados, sosegadamente, informando a la población con transparencia –que no quiere decir detalladamente, sino sin detalle, sino de alarmas injustificadas y noticias falsas.
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[1] Recordemos el traslado del misionero moribundo afectado por el virus Ébola que fue expatriado a Madrid con unas precauciones espectaculares presumiblemente exageradas y el contagio de Teresa Romero, auxiliar de clínica que atendía al enfermo, a pesar del uso –seguramente inadecuado– de un sofisticado equipo de protección individual. Por cierto, Teresa Romero, diagnosticada el pasado 6 de octubre del 2014, recibió el alta afortunadamente el 5 de noviembre, aunque ya había dado negativo por Ébola el 19 de octubre. Y en ese período sus vecinos, con propósito desinfectante, le destrozaron el piso y mataron a su perro Excalibur.
