Ante la mirada de los agentes de la Policía Local y Nacional, que antes habían apartado -no sin tensión- a las personas que trataban de formar una cadena humana ante su vivienda,
María y su familia fueron sacando poco a poco todas sus pertenencias y depositándolas en la acera. Ella, su marido, su bebé de un año y su hija de 18 se lo llevaron todo al pequeño piso que les paga la Plataforma Stop Desahucios y en el que
"aún no tenemos luz ni agua". Por las prisas.
Durante los siete días que se prorrogó la orden de desalojo, "nadie nos ha llamado"; y eso que su situación entonces salió a la luz, aunque hacía tiempo que las administraciones ya conocían el caso de esta familia que tiene la renta de integración social como único ingreso. En julio pasado, después de que tanto María y su marido se quedasen en el paro, la Xunta les denegó una ayuda. Un mes después, dejaban de pagar los 310 euros de alquiler. Eligieron dar de comer a sus hijos.
La deuda con la propietaria de la vivienda, ubicada en el barrio orensano de A Ponte, alcanza 2.170 euros. María, con lágrimas en los ojos, admitía lo difícil que le había resultado encontrar un nuevo hogar, sobre todo, por los elevados precios de las rentas; aunque a ella le preocupaba más otra cosa. "Temía que alguien me reconociese porque, entonces, no me lo querrían alquilar".
Los portavoces de
Stop Desahucios, "la única ayuda que he recibido", culparon de la situación a la Xunta por "no garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna"
en una ciudad con "15.000 pisos vacíos". Han recurrido la decisión de la Xunta de negar apoyo económico a la familia mientras esperan respuesta de una solicitud similar al Ayuntamiento de Ourense.
