Javier Alfonso/Eleconomista.es
La alcaldesa de Alzira (Valencia), la popular Elena Bastidas, anunció este jueves el inicio del proceso para expropiar 48 viviendas deshabitadas propiedad de bancos, para rehabilitarlas empleando a parados de la localidad y después alquilarlas al precio simbólico de 50 euros al mes a familias desahuciadas o sin recursos.
Lo hará utilizando la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que permite a los municipios crear un registro de solares, instar a los propietarios a construir o rehabilitar y, si no lo hacen, expropiarles.
La también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias explicó en Ràdio 9 que su Consistorio ya cuenta con ese registro y que empezará por esas 48 viviendas, haciendo un requerimiento a las entidades para que rehabiliten "el inmueble que se está deteriorando", como establece la LUV. Si no obedecen, como es previsible, el Ayuntamiento expropiará a un precio medio de 4.200 euros por vivienda -el presupuesto son 200.000 euros-, ya que descontará el coste de la rehabilitación.
Según Bastidas, casi todos los bancos propietarios de esas viviendas deben al Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), unos 10.000 euros en total. "Se está generando una cierta permisividad de cara a los bancos que ellos, por el contrario, no tienen de cara a los vecinos", se quejó.
Otros 200.000 euros, de un presupuesto total de 400.000 se emplearán en la rehabilitación de lo inmuebles. Según la alcaldesa, "hay sectores fuertemente castigados por la crisis, fundamentalmente de la construcción, albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, pintores..., y hemos destinado 200.000 euros para que personas de esos perfiles profesionales trabajen en el proyecto de rehabilitación de las viviendas, todo con el fin último de atender a las familias y a las personas necesitadas, que en muchos casos han sido desahuciadas porque han dejado de atender momentáneamente el pago de sus hipotecas, y también cualquier otro tipo de perfil familiar que lo pueda necesitar, previo análisis y determinación por los servicios sociales municipales".
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Javier Alfonso/Eleconomista.es
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