La cordobesa Manoli Gutiérrez tiene 58 años y se levanta cada mañana para cumplir con una jornada laboral de cinco horas, con un sueldo de 540 euros al mes que no la saca de las estadísticas de la pobreza. De 9 a 10 de la mañana va a una casa a cuidar a un anciano. Lo levanta de la cama, lo asea, lo prepara, le da el desayuno y le suministra su dosis diaria de medicación. Una vez que el anciano está ya atendido, Manoli deja preparadas las cosas para luego, cuando vuelva a mediodía, tardar menos en preparar la comida.
Todo eso en una hora, aunque Manoli está entre 15 y 20 minutos más cada día en esa casa porque si no el abuelo se quedaría desatendido. Y ella, por encima de todo, siente un profundo cariño por sus usuarios. A las 10.20 horas, Manoli sale pitando de la primera casa para dirigirse a otra que está alejada y para la que tiene diez minutos de reloj para llegar. No llega a tiempo ni volando.
Rezando para que los semáforos le pillen en verde, llega con la lengua fuera, sudando y pensando que le van a reñir por llegar tarde. Pasado el trámite de entrada, Manoli comienza nuevamente la tarea a toda velocidad: limpia la casa, desde los baños hasta la sala de estar, elabora la comida y asea a la anciana, una señora en silla de ruedas considerada gran dependiente.
Ya son las 12.50 horas y Manoli mira el reloj. En pocos minutos tiene que volver a casa del primer usuario al que le ha dejado la comida medio preparada. Ahora tiene que terminarla y ayudarle a comer, dada su poca autonomía personal.
Son las 14 horas de un día cualquiera de Manoli. Ya ha terminado la jornada de la mañana, pero por la tarde tiene que volver a las 18 horas para, durante otra hora más, volver a hacer tareas similiares a las que ha realizado por la mañana. Un día entero para echar cinco horas, para ganar 540 euros al mes, 4,90 euros por hora, y para ser usuaria de Servicios Sociales incluso con un trabajo.
Manoli está divorciada, fruto de una relación de terror de violencia de género que la machacó en vida durante 30 años de su vida. Padece fibromialgia, una enfermedad paralizante muy relacionada con estados depresivos con la que le duele todo su cuerpo. Pero no puede darse de baja porque sabe que sería despedida fulminantemente de la empresa y con ello caer sobre las garras de exclusión más absoluta.
Con los 540 euros que gana, no tiene ni para pagar el alquiler de un piso. Y a su edad, ha tenido que volver a vivir con su madre después de huir de las garras de la violencia de género. Para colmo, fue sancionada un mes sin empleo y sueldo por denunciar en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba que un usuario se masturbaba delante de ella, según una representante sindical de Cádiz. La amonestaron porque el contrato que rige la ayuda a domicilio entre el Ayuntamiento cordobés y Clece, la empresa de Florentino Pérez, existe una cláusula que prohíbe a las trabajadoras tener ningún tipo de contacto con la institución municipal, quien recibe de la Junta de Andalucía 13 euros por cada hora de ayuda a domicilio, de los cuales menos de cinco van para Manoli y ocho para Florentino Pérez. Un negocio redondo.
O lo que es lo mismo, en el caso de la gestión privatizada, el 60% del dinero público que la Junta de Andalucía dedicado a dependencia va a parar a empresas como las del multimillonario Florentino Pérez, mientras que las mujeres que prestan el servicio padecen ansiedad, estrés y unas condiciones laborales de semiesclavitud. Esta cuenta sale de los 13 euros la hora que la Administración autonómica destina al servicio, y los 4,90 euros que aseguran recibir las trabajadoras.
En Cádiz capital desarrolla su tarea Rosario, una mujer que fue amenazada con un arma por un usuario. O María, que haciendo la comida se encontró por la espalda un cuchillo sostenido por un enfermo de esquizofrenia que la quería matar. Ambas denunciaron los hechos a la empresa que se está forrando a costa de la Ley de la Dependencia, pero nada quisieron hacer para dar seguridad en el trabajo a estas dos trabajadoras.
En Almodóvar del Río (Córdoba) vive Juana, una mujer que, junto al resto de sus compañeras, raro es el mes que cobra a mes vencido. Últimamente ha estado cuatro meses sin cobrar: no le ha podido comprar el material escolar a sus hijos, le han cortado la luz, el agua, sus hijos han comido gracias a su familia y vecinos y el banco la llamaba día sí y día también para saber qué pasaba con la hipoteca. Juana cobra un sueldo digno y tiene jornadas laborales dignas, ya que el servicio en este pueblo es de gestión pública, pero sin embargo el problema radica en que la Junta de Andalucía no considera prioritario hacer la transferencia del dinero de manera regular para que estas mujeres puedan trabajar sin pensar que al salir tendrán que acudir a pedir alimentos a Cáritas.
Son sólo cuatro nombres de las casi 20.000 mujeres que solamente en Andalucía se dedican a prestar una ley aprobada hace 10 años por José Luis Rodríguez Zapatero y que estos días el PSOE de Susana Díaz intenta vender como un triunfo de sus políticas a favor de las mujeres, que han sido y son las grandes cuidadoras de las personas dependientes en España.
Sin embargo, este discurso falsamente a favor de las mujeres olvida que la Ley de la Dependencia ha recaído nuevamente sobre las mujeres, sobre las más pobres, que son quienes la prestan. Mujeres víctimas de violencia de género, madres que cuidan a sus hijos en soledad, mujeres que ingresan en casa el único sueldo después del despido de su pareja, mujeres sin formación y por tanto sin posibilidad de obtener un mejor empleo. Mujeres que se convierten en carne de cañón para la explotación de la que se nutren muchos trabajos de cuidados.
Existe la falsa creencia de que el feminismo no tiene que tener clase social, de que Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, tiene las mismas necesidades que Manoli, que se levanta cada día con fibromialgia para ganar 540 euros por cuidar a personas dependientes. La Ley de la Dependencia es la viva muestra de que el feminismo tiene que tener clase y de que cuando se legisla en nombre del feminismo obviando a las mujeres pobres, privatizando servicios para enriquecimiento de las grandes multinacionales, se profundiza más en la desigualdad de género y en las condiciones de explotación que las mujeres sufren en el ámbito laboral.
Hoy en Jaén, Susana Díaz, en compañía del expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, lanzará loas a una ley que se nutre de mujeres empobrecidas, explotadas, y con la que han salido ganando empresas como la de Florentino Pérez, que encuentran en este feminismo para ricas a su mejor aliado para seguir explotando a las mujeres y aumentar su infame tasa de beneficio, aunque eso sí, ahora bajo una falso eslogan de liberar a las mujeres (excepto a las mujeres pobres) de los cuidados de las personas dependientes. Si empobrece, no es feminismo. Y si empobreces, no eres feminista.
