La restricción de derechos individuales durante la Pandemia y una estrategia de vacunación basada en la discriminación y la coerción, se ha justificado en el “Bien Común”. Uno de las características del totalitarismo es la negación, o al menos la limitación severa, de los derechos básicos de la personas. La justificación en muchos casos es proteger el “Bien Común”, los intereses de la sociedad en su conjunto, de la "gente de bien" o el de "los de aquí". Pero los intereses que se defienden no representan los intereses de la sociedad, ni ningún “bien común”, sino los intereses del Estado, de los que gestionan éste y de los que éstos representan, es decir los intereses del poder político y económico.
Cuando uno apela al “bien común”, la cuestión inmediata que surge es quien lo define. En el caso de la gestión de la Pandemia se ha dado por hecho que es el Gobierno y el coro de expertos que le acompañan (una vez excluidos todos los científicos disidentes) en su discurso y respaldan sus perspectivas. Así, el “bien común” no se considera algo sujeto a debate y negociación, sino como verdad absoluta "revelada" a los gobiernos. No se contempla tampoco que lo que se considera "bien común" depende de valores de grupos e individuos.
No se debería aceptar, y de hecho habitualmente se cuestiona, que la postura del
Gobierno representa en bien común. Sin embargo, en el caso de la Pandemia, implícitamente hasta la izquierda ha aceptado esa idea. Incluso aunque las propuestas del Gobierno representaran la opinión de la mayoría (hecho muy dudoso porque la opinión de la mayoría refleja la capacidad de gobiernos y el poder económico de influirla y no al revés), tampoco creemos que se se pueda aceptar a “priori” que los intereses y opiniones de la mayoría son el bien común. Soon intereses y opiniones de la mayoría y como tales deberían ser respetadas, pero en ningún caso debería deslegitimar las posiciones de las minorías ni por supuesto cuestionar derechos individuales. Unos derechos que no deben estar sujetos a otros deseos que no sean los propios, derechos como la libertad de conciencia y expresión y el derecho a la autonomía personal y a no sufrir imposiciones en ámbitos estrictamente individuales.
Habría que demostrar de forma fehaciente que se pone en peligro DIRECTO e INMEDIATO la salud, la vida y el bienestar de otras personas, para que se pueda plantear limitar derechos individuales, y solamente cuando no exista otro medio de impedir ese daño sin restringir libertades individuales. Está claro que nadie puede contagiar a nadie una enfermedad causada por un virus de transmisión respiratoria si el posible contagiado pone los medios necesarios: mantiene distancia de seguridad, no permanece en espacios cerrados periodos prolongados si no está asegurada una correcta ventilación o renovación del aire, etc.
En el caso concreto de que la vacuna protegiera del contagio y transmisión, los vacunados para no complicarse la vida y tener que adoptar precauciones no pueden pedir a los que no quieren recibirlas, unas vacunas con dosis enormes de incertidumbre. PERO ES QUE ADEMÁS, LAS VACUNAS ACTUALES NO IMPIDEN NI LO UNO NI LO OTRO.
Ahora más que nunca: Autogestión
José R. Loayssa
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