Ibone Olza
Tenemos un problema importante con la atención al parto en este país. No somos los únicos: como lleva años denunciando la OMS, el problema es global y se resume en abuso, falta de respeto y maltrato a las embarazadas, parturientas y recién nacidos. En dos palabras, según Naciones Unidas: violencia obstétrica. El problema con la atención al parto es parte de la violencia que soportamos las mujeres en el sistema patriarcal; el termino violencia obstétrica acuñado por las activistas latinoamericanas nos ha ayudado a nombrarlo. Aunque levante muchas ampollas, la Unión Europea aboga por su uso ya que permite visibilizar que se trata de una violencia estructural y de género.
Igual conviene aclarar que violencia obstétrica no significa que los obstetras dañen intencionadamente a las mujeres. Más bien señala una violencia inherente en un modelo heredado y misógino de atención al parto que trata a las mujeres como contenedoras del valioso “producto” (así se llama al bebé en obstetricia) y las tiene poco o nada en cuenta. Como cuando nos colocan en la peor postura posible para dar a luz, nos impiden movernos o estar acompañadas en un momento crítico de nuestra vida sexual, se ríen de nuestros planes de parto o, peor aún, nos violentan de muy diversas maneras. El parto no es una enfermedad ni la parturienta una paciente, pero no por eso hay que saltarse la Ley de Autonomía del Paciente. Si introducir cualquier cosa en la vagina de una mujer sin su consentimiento es una violación ¿cómo es posible que aún se realicen tantísimos tactos vaginales a las parturientas sin su consentimiento explícito e informado? ¿Por qué a estas alturas del siglo no se permite la presencia del acompañante elegido en todas las cesáreas?
La violencia obstétrica la pueden ejercer todos los profesionales sanitarios que atienden a las embarazadas pero, precisamente porque es estructural, también ellos la pueden padecer. ¿Cuántas profesionales de la matronería y la obstetricia han abandonado el paritorio para no ser cómplices de esa violencia, cuántas han sufrido acoso por trabajar de acuerdo a la evidencia científica siendo tachadas de hippies o incluso sancionadas por cosas tan saludables como permitir que las mujeres paran en la postura que les da la gana? La violencia obstétrica daña a todas las partes implicadas y se perpetua en las facultades y espacios formativos.
Erradicarla no va a ser sencillo, pero no parece que criminalizar algunas intervenciones sea la solución. Ninguna intervención es violenta en sí misma. Tan grave es hacer una cesárea sin consentimiento, como fue el caso de Nahia, como no hacerla a tiempo. No es pues, cuestión de dictaminar que prácticas son violentas y hay que demonizar y cuales no, sino de ir más allá y ver las cifras yel contexto.
La complejidad de la obstetricia moderna es enorme. El problema de atender el embarazo y el parto como si de una enfermedad se tratara, conocido como medicalización, se agrava en un contexto de medicina defensiva, donde hay más condenas por cesáreas no hechas que por “inne-cesáreas”. Claro que eso no justifica las sangrantes tasas de cesáreas ni las clamorosas desigualdades entre comunidades autónomas, pero sirve como botón de muestra para ilustrar la complejidad del asunto y porqué la prioridad es adoptar políticas públicas más que legislar.
Urgente es cumplir las leyes que ya tenemos y los dictámenes internacionales al respecto, como la resolución de Naciones Unidas que tres años después sigue sin ejecutarse. En ella, además de recordar la necesidad de reparar e indemnizar a las víctimas, la relatora de la ONU instó a España a realizar estudios sobre la violencia obstétrica que sirvan para orientar las políticas públicas (¡imprescindibles las cifras y la transparencia en la obstetricia!), así como a capacitar tanto a sanitarios como al personal judicial y al encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Necesitamos formar a las profesionales para que sean exquisitas en el trato y atención que dan a madres y bebés.
Para ello no basta con la evidencia científica, que ya aportó la Estrategia de Atención al Parto Normal y que debería ser de obligado cumplimiento, ni parece que la vía punitiva sea la más adecuada. Mejor priorizar la formación y apostar por un enfoque restaurativo, que escuche a las mujeres y ofrezca un espacio seguro que permita la práctica reflexiva de los profesionales. Para que puedan transformar su atención, por un parto y nacimiento libres de violencia.
Igual conviene aclarar que violencia obstétrica no significa que los obstetras dañen intencionadamente a las mujeres. Más bien señala una violencia inherente en un modelo heredado y misógino de atención al parto que trata a las mujeres como contenedoras del valioso “producto” (así se llama al bebé en obstetricia) y las tiene poco o nada en cuenta. Como cuando nos colocan en la peor postura posible para dar a luz, nos impiden movernos o estar acompañadas en un momento crítico de nuestra vida sexual, se ríen de nuestros planes de parto o, peor aún, nos violentan de muy diversas maneras. El parto no es una enfermedad ni la parturienta una paciente, pero no por eso hay que saltarse la Ley de Autonomía del Paciente. Si introducir cualquier cosa en la vagina de una mujer sin su consentimiento es una violación ¿cómo es posible que aún se realicen tantísimos tactos vaginales a las parturientas sin su consentimiento explícito e informado? ¿Por qué a estas alturas del siglo no se permite la presencia del acompañante elegido en todas las cesáreas?
La violencia obstétrica la pueden ejercer todos los profesionales sanitarios que atienden a las embarazadas pero, precisamente porque es estructural, también ellos la pueden padecer. ¿Cuántas profesionales de la matronería y la obstetricia han abandonado el paritorio para no ser cómplices de esa violencia, cuántas han sufrido acoso por trabajar de acuerdo a la evidencia científica siendo tachadas de hippies o incluso sancionadas por cosas tan saludables como permitir que las mujeres paran en la postura que les da la gana? La violencia obstétrica daña a todas las partes implicadas y se perpetua en las facultades y espacios formativos.
Erradicarla no va a ser sencillo, pero no parece que criminalizar algunas intervenciones sea la solución. Ninguna intervención es violenta en sí misma. Tan grave es hacer una cesárea sin consentimiento, como fue el caso de Nahia, como no hacerla a tiempo. No es pues, cuestión de dictaminar que prácticas son violentas y hay que demonizar y cuales no, sino de ir más allá y ver las cifras yel contexto.
La complejidad de la obstetricia moderna es enorme. El problema de atender el embarazo y el parto como si de una enfermedad se tratara, conocido como medicalización, se agrava en un contexto de medicina defensiva, donde hay más condenas por cesáreas no hechas que por “inne-cesáreas”. Claro que eso no justifica las sangrantes tasas de cesáreas ni las clamorosas desigualdades entre comunidades autónomas, pero sirve como botón de muestra para ilustrar la complejidad del asunto y porqué la prioridad es adoptar políticas públicas más que legislar.
Urgente es cumplir las leyes que ya tenemos y los dictámenes internacionales al respecto, como la resolución de Naciones Unidas que tres años después sigue sin ejecutarse. En ella, además de recordar la necesidad de reparar e indemnizar a las víctimas, la relatora de la ONU instó a España a realizar estudios sobre la violencia obstétrica que sirvan para orientar las políticas públicas (¡imprescindibles las cifras y la transparencia en la obstetricia!), así como a capacitar tanto a sanitarios como al personal judicial y al encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Necesitamos formar a las profesionales para que sean exquisitas en el trato y atención que dan a madres y bebés.
Para ello no basta con la evidencia científica, que ya aportó la Estrategia de Atención al Parto Normal y que debería ser de obligado cumplimiento, ni parece que la vía punitiva sea la más adecuada. Mejor priorizar la formación y apostar por un enfoque restaurativo, que escuche a las mujeres y ofrezca un espacio seguro que permita la práctica reflexiva de los profesionales. Para que puedan transformar su atención, por un parto y nacimiento libres de violencia.
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