1. Formación sin conflictos de interés
La formación médica y sanitaria debe ser gestionada por los propios profesionales y respaldada por las instituciones públicas, sin financiación ni patrocinio de la industria farmacéutica.
2. Acceso a información objetiva y basada en evidencia
La actualización científica debe provenir de fuentes independientes, revisadas por pares y sin influencia comercial, garantizando una prescripción ética y basada en la mejor evidencia disponible.
3. Prohibición de actividades promocionales en centros sanitarios
No se deben realizar sesiones formativas patrocinadas por la industria farmacéutica dentro de los centros sanitarios ni permitir la distribución de material promocional en estos espacios.
4. Uso racional del medicamento
La prescripción debe basarse en criterios de eficacia, seguridad, coste-efectividad y equidad, priorizando siempre el bienestar del paciente y evitando la sobreprescripción y la polimedicación innecesaria.
5. Eliminación de la visita médica como fuente de información
Se debe cuestionar el acceso de visitadores médicos a los centros sanitarios y reemplazar esta práctica por fuentes de información independientes y de calidad sobre medicamentos.
6. Declaración y gestión de conflictos de interés
Todo profesional sanitario que participe en formación, investigación o elaboración de guías clínicas debe declarar cualquier relación económica o de colaboración con la industria farmacéutica.
7. Comités de formación y evaluación libres de influencias comerciales
Las comisiones de formación, investigación y evaluación de medicamentos deben estar conformadas por profesionales sin conflictos de interés con la industria farmacéutica.
8. Fomento de la prescripción por principio activo
Se debe priorizar la prescripción por principio activo sobre las marcas comerciales, promoviendo así el acceso equitativo a medicamentos y evitando la presión comercial en la prescripción.
9. Regulación y transparencia en la relación con la industria
Las instituciones sanitarias deben establecer normativas claras que regulen la interacción entre profesionales de la salud y la industria farmacéutica, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
10. Compromiso institucional con una sanidad independiente
Las autoridades sanitarias deben asumir la responsabilidad de garantizar la independencia de los profesionales, fomentando la ética en la prescripción y evitando la influencia comercial en la toma de decisiones clínicas.
Este decálogo busca fortalecer la independencia de la sanidad pública y garantizar que las decisiones médicas se guíen únicamente por el interés de la salud de la población.
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