Antes de que el coronavirus ocupara todo el espacio y el tiempo, el gobierno apuraba una de esas leyes que aspiraban a revestir al gobierno de una aureola progresista. Se trataba de legislar por una muerte digna ¿Quién puede estar en contra de algo así?
La polarización, instalada en nuestro país de forma interesada, exige que ante esa propuesta la derecha diga no y la izquierda sí. De esta forma hablaremos más de la derecha y la izquierda que del contenido de la ley, la ideología ( o lo que sea eso) por encima del análisis.
Sí uno observa el resultado de leyes similares en los escasos países en los que se ha aprobado y tiene en cuenta el caldo de cultivo sobre el que se quiere aprobar la ley, la postura más coherente sería: Ahora no, así no. Para legislar sobre la muerte digna es necesario garantizar la vida digna. Y estamos muy lejos de eso.
La mayoría de los que lidian cotidianamente con la muerte saben que no hay cuidados paliativos para la mitad de la población, que no hay ayudas suficientes a la dependencia y que la precariedad de los trabajadores de los cuidados clama al cielo. Los que lidian con la economía saben que hay una relación entre las expectativas de vida y el paro, la precariedad, la vivienda y la pobreza. Ante un debate de ese calado, causa rubor que el gobierno se dedicara a hablar de la película Mar adentro en un intento de apelar a lo sentimental.
Pero ahora la pandemia ha levantado la alfombra y en sólo un mes va desvelando las relaciones perversas que hay entre la sanidad, la vejez, las condiciones laborales de los cuidados, los negocios y la política. Esas relaciones ya estaban operando ahí, la pandemia simplemente las ha hecho visibles. Hemos pasado de ser “la mejor sanidad del mundo” a tener las mayores cifras de muertos por millón de habitantes y de sanitarios contagiados y a descubrir que el material más elemental para los cuidados depende de China y que las condiciones de atención a la vejez son más que deficientes. En los próximos meses hemos de mirar con atención los datos (reales) y la relación entre ellos, será necesario escuchar los testimonios de las familias y los trabajadores y valorar en su conjunto esta cuestión. Lo que sabemos hasta ahora ya pone los pelos de punta y obliga a repensar en su globalidad los parámetros que estamos manejando en la atención a nuestros mayores.
La dignidad es un atributo esencial de todas las personas por el simple hecho de ser, no es una prerrogativa del estado concederla o no. Este debe garantizar las condiciones para que sea posible ejercer la dignidad en la vida y en la muerte. No se trata de decir sí o no, de ser progres o regres, si no de afrontar la complejidad de la realidad de las personas mayores y responder a ella salvando la dignidad de todos en la vida y en la muerte. Eso es política. Lo demás politiquería.
Ahora más que nunca: Política solidaria
Moisés Mato
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