En democracia estamos acostumbrados a dar por seguro que la mayoría es la que tiene la razón y tiene derecho a imponer su visión al resto de la sociedad, por tanto, también sus decisiones. Pero lo cierto es que no hay democracia si no se respetan los derechos de las minorías por mínimas que sean, incluso los derechos de una única persona. Las mayorías están limitadas por el derecho y la justicia.
La democracia tiene que asentarse en el respeto a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, pero también sobre la justicia que está al servicio de las personas en su proceso de humanización. Por eso la justicia no puede basarse simplemente en las leyes aprobadas por el parlamento sino que debe tener una dimensión ética, la que sustenta las afirmaciones que salen de la conciencia de las personas como un grito: ¡Esta Ley es injusta! ¡Esto es un abuso aunque sea legal!
Si las leyes se basan en los deseos y convenciones de las mayorías parlamentarias, como acostumbran razonar los políticos que están en el poder, quiere decir que se fundamentan en intereses corporativos o en la fuerza de la mayoría. Esto es en los intereses del poder, que tiene poco que ver con la justicia como un bien universal y trascendente. La justicia propiamente dicha no se puede vincular a los intereses de la clase política o de los partidos, tampoco a los intereses egoístas de los grupos sociales o también a los de la nación como proclaman los nacionalismos periféricos o centralistas.
La verdadera justicia es un objetivo a conseguir. Se basa en la dignidad de la persona de acuerdo a su naturaleza personal y social. No puede olvidarse la realidad del llamado derecho natural que se fundamenta en lo que es la condición humana, en nuestro ser persona. Si las leyes sólo se basan en convenciones sociales, lo que es un derecho o una ilegalidad depende de las conveniencias de los gobernantes del momento.
A las democracias actuales aún les queda un largo recorrido para que concuerden con la clásica definición de democracia: “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. A estas democracias vigentes, que se asientan en una constitución, se adecúan mejor a lo que escribió Lucas Verdú: “La Constitución aparece como la expresión jurídica fundamental que culmina el acto jurídico de institucionalización del poder".
Así cuando algún ministro sugiere que los jueces deben hacer las sentencias teniendo en cuenta las mayorías parlamentarias, sabemos que quiere aumentar su poder, por tanto, abusar del poder, lo que en el fondo no deja de ser corrupción. Se estaría queriendo volver al concepto medieval de que la ley no obliga al príncipe.
Para trabajar por la justicia ayuda la conocida la afirmación de Lord Acton, historiador católico inglés, en una carta al obispo anglicano Mandel Creighton en 1887: “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por eso es necesaria la división de poderes y poner límites a los gobernantes en el ejercicio de su poder, ya que a menudo tienden a abusar de él. Es necesario socializar y repartir el poder entre los ciudadanos para que no se concentre en pocas manos, al tiempo que se lucha contra las tendencias egocéntricas y ególatras de los que llegan al poder.
Un cristiano debe saber y ser consecuente con esta afirmación de Jesús: “Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos” (Mc. 10, 42-44). Y Jesús vivió coherentemente con esto.
Entiendo que era evangélico y sabio aquel monje que, al elegirlo sus hermanos como abad, aceptó con la condición de que hubiera dos monjes, por lo menos, que al final del día como obligación le dijesen todo lo que había hecho mal en su actuar. ¡Tanta sabiduría y humanidad aun no la he encontrado en nuestras autoridades!
No habrá duda de que la actitud libre y profética ante el poder para limitar su uso abusivo es una obligación ética de justicia, es una actitud realmente democrática.
Ahora más que nunca. Justicia
Antón Negro
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