Con esta tristemente famosa ordenanza de la vergüenza, el gobierno local afirma que pretende terminar con las mafias, la prostitución y la mendicidad en las calles de la ciudad. Mientras que la oposición y varios colectivos sociales afirmamos que es un ataque hacia estos colectivos vulnerables.
Las medidas que se aprueban en esta ordenanza y que han generado más polémica suponen sancionar actitudes supuestamente incívicas como dormir, orinar o lavarse en la calle y buscar en contenedores. Tal vez esas medidas punitivas serían justificables si las personas infractoras tuvieran alternativas y pese a ello, no hicieran uso de las mismas. El problema se da cuando esas personas no tienen alternativas. Y eso implica, por tanto, criminalizar estas conductas. Implica en esencia sancionar la pobreza, establecer multas (de hasta 3.000€) que no se cobrarán pero que pueden suponer un lastre vital a muchas personas a la hora de tratar de salir de la marginalidad. Pero es que además se les genera una situación de indefensión ante un procedimiento sancionador, porque quien no tiene domicilio ni informes económicos, difícilmente puede defenderse en un procedimiento de estas características ni, en su caso, acudir a abogados y procuradores de oficio por carecer de la documentación necesaria para acceder al beneficio de justicia gratuita.
La ordenanza que ha servido de base propuesta por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), cuyas infracciones copia la de Alicante, establece en estos casos alternativas desde acción social: informe social y traslado a centros médicos o de acogimiento, seguimiento por los servicios sociales y conmutación de la sanción. También incluso "toques de atención" previos a sancionar. En la ordenanza de Alicante todo esto desaparece y por eso ha generado un rechazo muy mayoritario en el tejido social. Por poner algunos ejemplos: Cáritas, Médicos del mundo, la mesa Alicante trata cero, las entidades que se coordinan en REAPSHA (Red de Entidades para la Atención a Personas Sin hogar de la ciudad de Alicante), la plataforma contra la pobreza de la ciudad, los sindicatos. De nada han servido las críticas ni las alegaciones presentadas.
De este modo es como se ha aprobado una medida que penaliza la pobreza. La penalización de la pobreza es el castigo social al hecho de ser pobre. Este castigo se evidencia de forma llamativa en cómo el sistema se comporta de forma excluyente y discriminatoria con todas las personas que se desvían de la normalidad, y en especial con quienes se sitúan fuera del sistema de producción y consumo. Las formas de encarar y gestionar la miseria y la exclusión social se están transformando y en la actualidad, las políticas se decantan más por un tratamiento penal de la miseria y el aumento de la estigmatización que por la búsqueda de soluciones asistenciales o de bienestar. Las nuevas formas de control, ejercen una vigilancia diferenciada sobre quien es diferente y sobre todo, sobre quien se encuentra fuera del mundo del consumo; al tiempo que las desigualdades siguen aumentando. Esto se traduce de facto, en un tratamiento punitivo de las personas en situación de exclusión.
El Gobierno municipal de Alicante conoce perfectamente a qué personas van dirigidas algunas de las conductas típicas que redacta en su ordenanza, especialmente en lo referente a conductas como dormir, orinar o asearse en la vía pública: las personas en situación de exclusión social y sin alternativa habitacional o asistencial.
El control policial y la sanción sobre las prácticas sexuales únicamente en espacios públicos (en la calle) sólo persigue la finalidad de que esta no sea visible. Realmente no se persigue la explotación sexual sino eliminar la visibilidad de la prostitución de la vía pública sin importar la situación de las mujeres y sus necesidades.
La Ordenanza va a obligar a la clandestinidad de la prostitución, a situaciones y lugares más escondidos y más vulnerables para las mujeres. O se traslada a clubes y pisos donde terceras personas adquieren parte de sus ganancias, da lugar a más proxenetismo y/o situaciones de explotación sexual y de trata de personas o se traslada a polígonos o áreas más apartadas donde hay menos seguridad para las mujeres y van a ser más susceptibles de ser víctimas violencia de género, abusos y conductas delictivas. Además, conlleva imposibilidad y mayor dificultad de las entidades sociales para llegar a donde están las mujeres, impidiendo que se pueda velar por su bienestar y que puedan ser informadas de los derechos y recursos a los que pueden tener acceso.
Básicamente esta norma somete a las personas más perjudicadas por el sistema a una más difícil situación, en la que poder sobrevivir, aun en el espacio público, les está prohibido y les es injustamente sancionado. Esta Ordenanza de la Vergüenza no busca la inclusión social ni resolver los problemas de las personas alicantinas más desfavorecidas.
Lo que está en juego con esta norma es que Alicante no se deshumanice. Que no deje de dolernos y comprometernos la elocuencia del sufrimiento de estas personas con unas vidas suficientemente maltrechas. No tiene sentido multarles "para acabar con las mafias", como afirman los representantes políticos que la pretenden justificar.
Humanizar la política pasa por humanizar las decisiones que se toman y que afectan a las personas que más necesidades tienen. Pobres, excluidos y excluidas y ahora multados. Legislar contra los pobres y no contra la pobreza es señal de haber perdido el norte en política.
Ahora más que nunca: Fraternidad
Manolo Copé
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